La reforma Tributaria: Sin míseros no hay paraíso
Jaime Martínez
Director programa de Desarrollo
Corporacion Viva la Ciudadanía
La reforma tributaria que cursa en el Congreso profundiza la naturaleza regresiva de
la política pública que ha trazado el gobierno de Uribe desde el 2002. Disminuye la
carga tributaria a la riqueza, y la aumenta a otros actores socioeconómicos por vía de
eliminación de exenciones y por universalización de gravámenes indirectos como el
IVA.
En primer lugar no hay cambio en la naturaleza de la política económica porque las
reformas del pasado cuatrienio se orientaron con el criterio de atenuar los costos de
las empresas, para lo cual le trasladaron al factor trabajo, parte significativa de los
gastos laborales, a través de las reformas laboral y pensional. Ello por supuesto se
tradujo ipso facto en aumento de las utilidades empresariales, y contracción de los
ingresos de la oferta laboral (léase precarización del trabajo).
La reforma tributaria hoy multiplica el cuadro de estímulos para supuestamente
atraer la inversión privada, sea externa o local. Ahora se le ofrece a la riqueza
disminuirle su contribución tributaria bajando el impuesto a las utilidades, incluida
una mejora en la repatriación de estas a sus países de origen. Y, adicionalmente, le
amplia el margen de depuración hacia abajo de sus utilidades, al permitir deducir
como costo en un sólo año la reinversión de sus excedentes.
El segundo aspecto, que es el objeto de esta nota, es la ilustración de la regresividad
de la propuesta de reforma tributaria. Para cubrir la contracción de ingresos fiscales
que ocasionaría la disminución del impuesto a la riqueza, el gobierno propone
eliminar las exenciones de los ingresos laborales, y al tiempo incrementar el ritmo de
aumento de las tarifas del impuesto a los ingresos del trabajo en los primeros tramos,
con lo cual castiga severamente los ingresos medios. En materia de impuestos
indirectos, amplía la base del IVA, y reduce a cuatro las tarifas de este impuesto. Es
decir, la regresividad de la reforma tiene cuádruple composición. Desgrava la riqueza,
aumenta el gravamen a los ingresos medios, y castiga por ampliación y por mayor
tarifa al consumo general.
Reacuérdese que un impuesto regresivo es el que establece una tarifa
proporcionalmente menor en la medida que el ingreso aumenta, dando lugar a un
mayor castigo a los menores niveles de ingreso.
El ejemplo típico es el IVA, pues sanciona el consumo al margen de los niveles de
riqueza de los agentes económicos. Lo regresivo de este gravamen indirecto se hace
más evidente cuando se aplica sobre los bienes básicos porque afecta en mayor
proporción a los agentes con menores ingresos, violando el principio de equidad,
básico en sistemas tributarios de sociedades democráticas.
Lo severo de esta regresividad se ilustra a continuación. Los individuos con alto
ingreso destinan poco porcentaje de éste al consumo; y dentro de este, la menor
destinación de ingresos es al consumo de alimentos (menos del 15%), dando prioridad
a la adquisición de vehículos (24%), a la vivienda (31.4%), y en general a otros
consumos que son suntuarios, pues su acceso exige elevados ingresos. Por su parte, la
población perceptora de ingresos bajos destina, en la práctica, la totalidad al
consumo, obligándose a destinar más del 41% de sus ingresos para alimentarse. Por
tanto, un IVA a los bienes básicos de la canasta familiar, obviamente, castiga en
mayor proporción el ingreso disponible de los más pobres y afecta poco a los más
ricos.
Aunque parezca caricatura, la reforma plantea disminuir en 10 puntos el IVA a los
bienes y servicios de consumo suntuario, y aplicar esos mismos 10 puntos a los bienes
y servicios básicos. Además de inequitativa esta transposición de gravámenes, cabe
preguntarse si la contracción de recaudos fiscales por la disminución del IVA en los
suntuarios se compensará con la aplicación del IVA a los bienes básicos. Dado que los
precios de los bienes y servicios suntuarios son elevados, y la propensión a
consumirlos por parte de sectores pudientes es frenética, puede derivarse que los
flujos monetarios de esos mercados sean mayores a los que suceden en los mercados
de bienes básicos. En consecuencia, la caída de los ingresos fiscales es mayor a lo que
se pueda recaudar por la aplicación de IVA a los bienes básicos.
La ampliación del IVA al conjunto de la canasta básica se sustenta por el gobierno con
el argumento de que la universalización del gravamen mejora la eficiencia del
recaudo. Además de inequitativo, la equivocación también es técnica pues la
aparente eficacia de la universalización se pierde porque los agentes recaudadores
del impuesto a la canasta básica, en buena parte, sería el comercio informal disperso,
lo que ocasionaría costos marginales elevados para su inclusión en la red de recaudo.
Y de hecho, la gravación de estas transacciones introduce estímulos para extender los
mercados informales de alimentos. O sea que, como dice la expresión popular, saldría
“más caro el caldo que los huevos”.
La reforma plantea que parte del recaudo total del IVA se devolvería en forma
monetaria, por una vez al año, a ciudadanos del Sisbén I y II. Entre las muchas
inquietudes que se manifiestan sobre este compromiso son los riesgos que dichos
recursos, en su camino de retorno a esas clases menos favorecidas, sean desviados
hacia otros frentes como ha sucedido, por ejemplo, con los recursos del régimen
subsidiado que se enredaron en el camino en manos de organizaciones non santas del
paramilitarismo; o con parte de recursos del FOSYGA en TES en vez de ampliar
coberturas efectivas; o con la sobretasa a la gasolina, la cual, parcialmente, se
reorientó a la construcción de las vías del Transmilenio, cuando el espíritu de su
creación fue el de mejorar la malla vial de la ciudad.
Es evidente que los cambios propuestos por el proyecto son explícitos y de aplicación
expedita en lo referente a los gravámenes. Pero en lo referente a las transferencias o
devoluciones, como es el caso de los recursos asistenciales hacia la población Sisbén I
y II, presuponen la resolución de diversidad de dificultades prácticas que seguramente
se traducirán en aplazamientos para su eventual ejecución.
La reforma en su conjunto pareciera sintetizar una visión postmoderna de bienestar
que ilumina al equipo económico del gobierno: la condición de riqueza no es
suficiente con la acumulación progresiva de recursos; necesita tener una pobreza
cada vez mayor con la cual contrastar su opulencia. Por eso al contingente de
población sisbenizada actualmente necesita agregársele una clase media más
precarizada.
Agosto 24 de 2006.